Tuesday, August 11, 2020

El Alcalde De Agüimes, Óscar Hernádez, Asegura Que Hacienda Ha Ideado Un Mecanismo "Para Presionar A Los Ayuntamientos"

Miércoles, 5 de agosto.

El Alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, en una imagen de archivo,
durante una reunión de la Federación Canaria de Municipios (FECAM)
Redacción
Los ayuntamientos y cabildos de Canarias  tendrán que ceder obligatoriamente al Gobierno de España los 3.200 millones de euros de superávit que han acumulado durante los últimos años, tal y como ha decidido una Junta de Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) absolutamente dividida por vez primera en su historia, y en la que solo el voto de calidad del presidente del órgano supramunicipal y Alcalde de Vigo, Abel Caballero, permitió que saliera adelante la propuesta del Ministerio de Hacienda.
La decisión ha recibido un aluvión de críticas desde los partidos que integran la oposición en la política regional canaria, pues mientras Australia Navarro (PP) señala que es "un atraco", José Miguel Barragán (CC) y Vidina Espino (Cs) aseguran que es "un triunfo de la disciplina de partido frente al municipalismo" y "una artimaña de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero", respectivamente.
Por su parte, dos de los socios del Gobierno de Canarias, Nueva Canarias (NC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), fueron claros en sus declaraciones al respecto, pues la nacionalista Esther González aseguró que "no ha existido negociación y todo se ha reducido a un mercado duro y puro", y Casimiro Curbelo lo consideró todo "un despropósito".
El acuerdo que ayer dividió a la FEMP insta a los ayuntamientos a enviar al Ministerio de Hacienda el dinero ahorrado en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el PP en 2012, con una regla de gasto que impide tocar esos 3.200 millones de euros acumulados en los bancos.
Aunque la cesión del dinero no es obligada, el no hacerlo impediría a los ayuntamientos y cabildos de las islas recibir un solo euro de los 5.000 millones que Madrid va a enviar a fondo perdido, y que no se tendrán que devolver, durante este y el próximo año.
Los alcaldes isleños, con el PSOE por un lado y el resto de partidos por otro, ofrecieron una división de opiniones al respecto, y así, el primer edil de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, incidió en que la decisión del Gobierno de España les permite "por fin, utilizar los remanentes y superávits", mientras que el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, valoró el acuerdo como "absolutamente negativo, pues lo impuesto por el ejecutivo central, añadió, le viene bien, pero rompe el municipalismo y es injusto con los protagonistas de la contención del déficit durante los últimos diez años".
Por su parte, el Alcalde de Agüimes y Vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Óscar Hernández, asegura que Hacienda ha ideado un mecanismo "para presionar a los ayuntamientos", una forma de proceder que, en su opinión, constituye "una absoluta falta de respeto".
Del mismo modo, se muestra en contra de que las cantidades que Madrid remita este y el próximo año, el 35% del préstamo, tenga que emplearse "en lo que ellos digan".
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